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La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y su principal impacto en las empresas

ELOGO OKscrito por el especialista, Marcos Óscar Martínez, de Bigoles Abogados.

Se busca transparencia, rapidez y efectividad. La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntariaria es un pilar más de la corriente europea dirigida a desjudicializar diversas materias objeto de discusión en los tribunales. En la búsqueda de un entendimiento más entre las partes -al igual que en su día se empezó a potenciar el aún poco extendido pero ya conocido acto de mediación-, su objetivo es descargar a los juzgadores de trabajo.

  • Foto: SubtlePanda, obtenida en Flickr (CC BY 2.0) y adaptada (https://www.flickr.com/photos/subtlepanda/).

  • Publicado en el digital Diario Abierto,….

    http://www.diarioabierto.es/270172/la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-jurisdiccion-voluntaria-y-su-principal-impacto-en-las-empresas

La aprobación de esta norma por las Cortes Generales no ha sido una sorpresa. Lo contemplaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (vigente hasta el 1 de Octubre de 2015), que en su disposición final decimoctava recoge de forma literal “en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria”.

Su justificación viene determinada por varios motivos, tal y como se expone en su preámbulo; entre ellos, cabe destacar principalmente el ahorro en la Administración de Justicia. A partir de ahora existe la posibilidad de que ciertos actos por parte de ciudadanos o empresas se puedan resolver, de forma voluntaria, con la intervención de operadores jurídicos que no son judiciales, lo que implica una ampliación de competencias de los secretarios judiciales, notarios y registradores, según la materia objeto de la controversia, para resolver buena parte de las materias reguladas.

De entre las nuevas medidas, y en lo que respecta al ciudadano, lo más destacado de la norma por su repercusión mediática es la posibilidad de manifestar su voluntad de casarse, divorciarse o separarse ante el notario. Sin embargo, son numerosos los actos que han sido regulados. Y, sin duda, no han pasado desapercibidos algunos que afectarán a las empresas y sus trámites jurídicos.

La nueva ley regula, entre otros, el procedimiento para la exhibición de libros; la convocatoria de juntas generales; el nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad; la reducción de capital social, o la amortización o enajenación de las participaciones o acciones de una sociedad.

Hay que destacar que la gestión de las deudas contraídas entre empresarios gozará de un plus de agilización merced a esta regularización. Así, aquellas sobre las que no haya duda de que existan se podrán ir a cobrar al notario siguiendo un procedimiento rápido de ejecución. Se le exigirá directamente el pago al deudor, a lo que éste podrá responder pagando, oponiéndose, no compareciendo o presentando las alegaciones que considere.

Desde el ámbito más societario, las empresas se ven afectadas al regular la nueva norma que algunos procedimientos, como las convocatorias generales, y ante la falta de cumplimiento del plazo legalmente establecido, las operaciones accionariales se tengan que hacer ante secretarios judiciales y registradores mercantiles, según proceda. Igualmente, notarios y secretarios judiciales compartirán otras competencias en materia mercantil en los casos de robo, hurto, extravío o la destrucción de títulos-valores, así como las representaciones de partes de socios de una empresa.

Seguridad jurídica
Es evidente que con esta ley se busca transparencia, rapidez y efectividad. Todo ello sin renunciar a la seguridad jurídica de los empresarios, al dotarlos de un instrumento más para que puedan llegar a resolver ciertos trámites regulados evitando el juzgado, lo que permite ahorrar tiempo, así como reducir el coste emocional y económico que este tipo de trámites puede provocar.

Así, desde el 23 de julio de 2015, una nueva norma regula partes importante de los actos que empresarios y ciudadanos realizan de forma regular. Con todo, quedan pendientes algunas medidas regulatorias, como por ejemplo, los procesos voluntarios de subastas públicas. Las que se celebren hasta el 15 de octubre de 2015 se regirán por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881. Y será preciso esperar hasta el 2017 para que vean la luz algunas otras medidas como las relativas a tramitación y celebración de matrimonios o los acuerdos de cooperación con religiones no católicas.

Marcos Óscar Martínez Álvarez es graduado en Derecho. Trabaja en calidad de graduado social para la firma Bigoles Abogados SL (en Twitter, @BigolesAbogados). Para conversar con este despacho especializado en Derecho del trabajo y Seguridad Social visitar el perfil de Bigoles Abogados en Facebook.

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Para medios de comunicación interesados en entrevistar a José María Bigoles, contactar con el periodista Jorge Ramos Hortigüela, director de comunicación y redes sociales del despacho Bigoles Abogados. Teléfonos de contacto del periodista: 34-605-01-13-55  ///  34-658-47-36-33  ///

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En Bigoles Abogados destacamos por una alta especialización y más de 45 años de experiencia en asesoramiento, tramitación y defensa de todo tipo de asuntos relacionados con el trabajo y las pensiones de la Seguridad Social, en España y en el extranjero. Nos avalan varios miles de juicios celebrados en los Juzgados.

También destacamos por ser de los pocos Despachos Especialistas en Derecho Canónico en España. Otra de las ramas que más destaca en el Bufete es el Derecho de Familia, y las Sucesiones y Herencias, habiendo llevado varios casos relevantes en España. Nuestra última especialización y en la que llevamos ventaja destacada y acreditada es en la Responsabilidad Civil derivada de Accidente de Trabajo.

 

 

 

 

 

 

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